El amplio uso mediático y político del término conciliación ha contribuido a vaciar su contenido, a debilitar su significado. Tal vez por ello, últimamente asistimos a la emergencia y difusión de un nuevo término, acaso más expresivo que el de conciliación: nos referimos a la noción de corresponsabilidad, que podría definirse como la “asunción equitativa por parte de hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito de lo doméstico, la familia y los cuidados”.

En la base de este proceso podría estar, también, la crítica del concepto de conciliación, o más bien de las políticas de conciliación, en tanto en cuanto se entiende que se han limitado, ante todo, a regular permisos laborales dirigidos (explícita o tácitamente) a mujeres asalariadas, enfoque éste que estaría contribuyendo a reproducir la estructura tradicional de roles de género.

En sentido amplio, la corresponsabilidad puede concebirse como una nueva forma de pacto social que apunta simultáneamente en tres direcciones (Casado Aparicio y Gómez Esteban, 2006):

* Corresponsabilidad entre diferentes agentes sociales, esto es: estado, empresas, sindicatos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, etc.

* Corresponsabilidad entre varones y mujeres, rompiendo así con las relaciones de género tradicionales.

* Corresponsabilidad entre los diferentes miembros de la familia en lo que podríamos denominar un pacto intergeneracional que habitúe a la responsabilización colectiva en el sostenimiento económico-afectivo del hogar.

La conciliación de la vida familiar y laboral nunca será una realidad si no la identificamos con la corresponsabilidad dentro de la familia, entre los cónyuges fundamentalmente, y corresponsabilidad de todos aquellos que de alguna manera tienen en sus manos la posibilidad de facilitar o dificultar esa conciliación: empresa, Estado y sociedad en general.

En este sentido, las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral deben ser consideradas como políticas de familia, entendiendo que la familia es una unidad por sí misma, que aporta a la sociedad mucho más que la suma de lo que aportan cada uno de sus miembros.

Por tanto las políticas públicas dirigidas a facilitar la conciliación deberán arbitrarse de forma que se proteja el derecho de la madre a acceder al mercado de trabajo y a permanecer en él sin que la situación familiar sea un elemento discriminatorio, al igual que deberán proteger también el derecho del padre en el mismo sentido que el anterior, así como el derecho de los/as hijos/as a ser cuidados/as y educados/as por sus padres y madres, y el derecho de las personas ancianas y dependientes a permanecer con sus familias mientras éstas puedan atenderlos. Es imprescindible repensar los tiempos dedicados al trabajo fuera de casa y aquellos otros dedicados al cuidado y atención de las criaturas y por supuesto los usos de esos tiempos según el sexo.

Así, las políticas públicas de conciliación de la vida familiar y laboral deben partir de estas premisas, pues de lo contrario estaremos poniendo en marcha políticas de empleo dirigidas sólo a las mujeres para que éstas se incorporen al mercado de trabajo y continúen además haciendo las labores del hogar y atendiendo casi en solitario a sus hijos/as, mientras que el otro progenitor atiende sólo a sus obligaciones como trabajador (asalariado) pero no sus obligaciones como padre. Ninguna política pública de conciliación obtendrá los objetivos perseguidos si no se define en términos de corresponsabilidad familiar.

En este sentido, Ley de Igualdad, contempla un conjunto de medidas, entre las que están:

* Diferentes modificaciones en el Estatuto de los/as Trabajadores/as: como la adaptación y distribución de la jornada de trabajo para la conciliación.

* Cláusulas en los convenios y planes de igualdad de las empresas que favorezcan la conciliación.

* Creación del permiso de paternidad de 13 días, independientes del permiso de maternidad, es sin duda alguna una gran apuesta por la corresponsabilidad.

La puesta en marcha de las medidas de la ley de Dependencia, son otras de las medidas que sin duda alguna contribuyen a favorecer la conciliación y el bienestar de las familias.

Queda mucho camino por recorrer. Se han puesto pilares legales imprescindibles para favorecer el reparto de responsabilidades. Tenemos que seguir avanzando. La responsabilidad es de toda la sociedad.